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    Detenciones arbitrarias de darfuríes

    Blake Evans-Pritchard, Editor de África IWPR / Holanda / 26.10.2009
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    Ilustración prisión. Foto: Crystal Leigh Shearin.

    Activistas de derechos dicen que las leyes de emergencia se están aplicando injustamente en a región.

    Doce personas, incluyendo un jefe de Darfur, han estado detenidos en la prisión de Shala en al-Fasher, la capital estatal de Darfur Norte, durante más de tres meses, a pesar de la orden del fiscal de al-Fasher de que los hombres debían ser liberados.
    Umda Hussein Sago fue arrestado en el campo para personas desplazadas internas (IDP) de Abu Shok, cerca de al-Fasher, inmediatamente después de los asesinatos de otro jefe del campo y su esposa. Una corte en al-Fasher garantizaba la liberación de los detenidos, pero el gobernador del estado dio vuelta esta norma y ordenó que continuaran detenidos bajo las leyes de emergencia.
    Inicialmente se rumoreaba que el jefe Sago había sido arrestado en conexión con los asesinatos en el campo pero Hassan Atiem, un  primo de Sago, declaró: “Hasta la corte cerró el caso porque ellos no tenían ninguna conexión con los asesinatos”.
    No se ha ofrecido ninguna justificación oficial por su detención ni se han emitido cargos formales contra ellos.
    Las leyes de emergencia fueron impuestas en Sudán en 1997 por el Presidente sudanés, Omar Hassan al-Bashir, quien proclamó que estaba respondiendo a una amenaza que percibía Estados Unidos de América.
    En 1999, el Gobierno llegó incluso a imponer el Acta de las Fuerzas de Seguridad Nacional (National Security Forces Act), NSFA, el cual creó el Servicio de Seguridad e Inteligencia Nacional (NISS), otorgándole amplios poderes para monitorear, investigar, indagar y detener individuos sin necesidad de justificar sus acciones.
    El NSFA también garantizaba a los miembros del servicio de seguridad amplia inmunidad ante posibles persecuciones.
    Con la firma del Acuerdo de Paz Global (CPA) en 2005, estas leyes fueron levantadas en la mayor parte del país, excepto en Darfur.
    El surgimiento de fuertes luchas en la región en 2003 fue utilizado como justificación para continuar aplicándolas en la región.
    Durante el primer mes de detención, el jefe Sago se negó a acceder a un abogado defensor; pero durante los últimos dos meses ha estado representado por el abogado Mohammed Salim Gadalla.
    Su familia reclama que a Sago no se le ha dado oportunidad de estar a solas con su abogado, violando sus derechos humanos básicos. También asegura que el jefe ha sido detenido ilegalmente y no se ha ofrecido marco para su liberación.
    Sus familiares han intentado visitar la prisión de Shalla pero dicen que no se les ha permitido entrar. Asimismo, cuando intentaron llevar comida a los prisioneros, los guardias les dijeron que la dejaran, que ellos se la llevarían aunque, según la familia, nunca llegó a los detenidos.
    Gadalla, el abogado defensor, sostiene que la prisión bajo las leyes de emergencia es inconstitucional y que, al justificarse la detención en esta norma, el no puede hacer nada judicialmente para asegurar su liberación.
    Lo que es más, Gadalla dijo a Radio Dabanga que se le había negado el acceso a su cliente, violando directamente sus derechos fundamentales. “Si no se me permite ver a mi cliente, ¿cómo puedo ayudarlo?”, dijo. Y agregó: “No hay acusaciones específicas (contra los hombres), yo solo puedo ayudarles si están acusados de (un) crimen en particular. Nosotros creíamos que estaban arrestados por estar involucrados en los asesinatos y entonces comprendimos que habían sido detenidos bajo las leyes de emergencia. El único que puede ordenar su liberación es el gobernador de Darfur Norte. No tenemos reglas ni pasos a seguir para ayudarles. No se nos ha permitido reunirnos con él. Esto significa que los prisioneros no pueden recibir ninguna ayuda de sus abogados, y que ni siquiera pueden ver a sus familias”.
    Hafiz Mohammed, del grupo de apoyo Justice Africa, dice que cualquier detención arbitraria sin cargos viola los acuerdos internacionales de derechos humanos, que han sido ratificados por Sudán."Toda persona detenida tiene el derecho de recibir asistencia legal -dijo-. (Violar este derecho) está en contra de la constitución (sudanesa) y contra el CPA)”.
    Mohammed también está preocupado por que la aplicación de los poderes de emergencia en Darfur podría enrarecer la atmósfera ante las elecciones prevista para el año próximo.
    Durante una conferencia realizada en la capital sureña, Juba, a comienzos de octubre, todos los partidos de la oposición del país exigieron al Gobierno que cree un buen clima para realizar las elecciones.
    “Este es el motivo por el cual cualquier norma que contradiga la constitución debe ser retirada -insistió Mohammed-. Una de estas reglas es la de seguridad del estadio nacional. Esta norma otorga a (las fuerzas de) Seguridad el permiso de arrestar a cualquiera”.
    Ali Agab, un prominente abogado de derechos humanos en Jartum, dice que el caso de Sago no es el único ejemplo de la aplicación injusta de las leyes de emergencia en Darfur.
    “Las leyes otorgan a las fuerzas de seguridad en Darfur la libertad de indagar, investigar y detener a cualquiera que elijan, y se las usa continua y ampliamente en toda la región”, dijo Agab.
    El ministro de Información y vocero del Gobierno en Darfur Norte, Ahmed Saleh, sostiene que la situación de seguridad actual en Darfur justifica que se detenga individuos de este modo.
    “Ya que Darfur atraviesa una situación especial de seguridad, todos estos casos están bajo el control y la responsabilidad de la oficina de seguridad -dijo-. La (oficina de) Seguridad no ofrece ninguna información a ningún otro órgano sobre estos casos”.

    Este texto fue realizado por Tajeldin Abdhalla Adam, Assa Dig Musa y Katy Glassborow, en Hilversum, y Blake Evans-Pritchard, en La Haya, desde Holanda para IWPR. Traducción al castellano del Comité Vasco de ACNUR.

    Una corte con jueces extranjeros para Darfur

    El Panel para Darfur de la Unión Africana (AUPD) ha emitido un informe en el que indica que Sudán debería establecer una corte que incluya jueces extranjeros para tratar los crímenes más graves cometidos en Darfur.
    El informe de la AUPD, encabezado por el ex presidente sudafricano Thabo Mbeki, indica que el sistema judicial sudanés “se enfrenta a una crisis de confianza y necesita ser fortalecido para lidiar con estos casos”.
    Así lo informó en exclusiva el sitio de noticias humanitarias Alertnet.

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