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    Las partes no respetan las sanciones de la ONU

    Centro de Noticias - ONU, ONU / Ginebra / 18.11.2009

    Este es el resumen sumario del informe del Panel de expertos para Darfur que el Consejo de Seguridad de la ONU estableció en base a la resolución 1591 (2005).

    La mayoría de los actores armados más grandes en el conflicto de Darfur han continuado ejerciendo su opción militar, violando el embargo de armas de las Naciones Unidas y las leyes internacionales humanitarias y de derechos humanos, e impidiendo el proceso de paz.
    La población darfurí continúa victimizada por las consecuencias de los ataques y contraataques que involucran a la mayoría de los movimientos armados que frecuentemente conducen a un desproporcionado uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS) y sus fuerzas auxiliares, y que dejan como resultado muertes, heridos y desplazamientos.
    Las personas desplazadas internas siguen sufriendo de la imposibilidad de regresar a sus hogares así por actos de bandidaje y de la falta de servicios humanitarios adecuados, en parte a causa de la expulsión de organizaciones no gubernamentales internacionales el 4 de marzo de 2009.
    Todas las partes del conflicto siguen sin cumplir sus obligaciones para favorecer la aplicación de las leyes internacionales humanitarias y de derechos humanos en las áreas de su control.
    El sistema de administración de justicia del Gobierno de Sudán no ha conseguido proporcionar reparación a las víctimas de violaciones de los derechos humanos perpetradas en el contexto del conflicto de Darfur. En ausencia de un adecuado sistema de justicia, los movimientos rebeldes -tanto los firmantes como los no firmantes del Acuerdo de Paz de Darfur- tampoco han mantenido los derechos humanos ni el reinado de la ley en las áreas bajo su control. Los perpetradores de violaciones de las leyes internacionales humanitarias y de derechos humanos son impunes y las víctimas no son compensadas por su sufrimiento.
    Las mujeres de Darfur, grosso modo la mitad de la población de la región, continúan sufriendo todas las formas de violencia basada en el género. El Panel de Expertos a dirigido docenas de entrevistas en profundidad e interactuado con cientos de mujeres e todas las edades quienes hay relatado las diversas formas de abuso y violencia que están experimentando y eso pone en relieve el fracaso del Gobierno de Sudán y las partes en conflicto para proteger a las mujeres.
    Casi todas las partes del conflicto han fracasado en su obligación de cumplir con las sanciones del Consejo de Seguridad y de cooperar con la supervisión de los esfuerzo del Panel de Expertos. El Gobierno de Sudán, mientras demanda respeto de sus privilegios como Estado soberano, también se queda corto en el ejercicio de la transparencia y la responsabilidad.
    Los funcionarios del Gobierno a menudo objetan los requerimientos realizados por el Panel bajo su mandato y ofrecen alabanzas mientras cometen violaciones de las sanciones. Las restricciones establecidas por el Gobierno de Sudán sobre la libertad de movimiento de las operaciones aéreas de la (misión conjunta de la Unión Africana (UA) y las Naciones Unidas (ONU) para Darfur) UNAMID han tenido un impacto directo sobre la capacidad del Panel para realizar algunas de sus misiones independientes de supervisión.
    Representantes del Gobierno de Sudán sostienen que no ha habido necesidad de solicitar ninguna aprobación previa del Comité establecido bajo la resolución 1591 (2005) para mover equipamiento militar y provisiones hacia la región de Darfur, como lo requiere el párrafo 7 de la resolución 1591 (2005). Las razones ofrecidas son que todas las tropas del FAS y el equipo actualmente documentado en Darfur son originarios de allí y han regresado de un despliegue temporal en Sudán Sur. El Gobierno de Sudán proclama que cumple con el Acuerdo de Paz Global, cuando reasigna 8 batallones a Darfur y cuando busca la asistencia de las Naciones Unidas para transferir cuatro batallones adicionales a Darfur.
    Entre los movimientos armados, el Movimiento por la Justicia y la Igualdad (JEM) es el más activo violador del embargo de armas, llevando a cabo ataques repetidos, que comenzaron en enero contra Muhajeria y continuaron en mayo contra Umm Baru, Karnoi y otras localidades en Darfur Norte, así como actividades de provocación en Kordofan durante el mes de agosto.
    El Panel ha evaluado las violaciones a las sanciones de las Naciones Unidas en el contexto de los siguientes cuatro conflictos distints que están afectado la paz y la seguridad en Darfur:
    -    las luchas por las tierras y los recursos entre los darfuríes nómadas y agrarios.
    -    La violencia perpetuada, como resultado del caos y la impunidad, contra las mujeres de Darfur, como grupo particularmente vulnerable.
    -    La guerra entre los grupos de oposición armada y el liderazgo del Sudán y de Chad, en el cual el JEM y los grupos de oposición armada chadianos son los principales actores.
    -    Los ataques transfronterizos  realizados por las fuerzas armadas de Chad y de Sudán.
    Estas cuatro categorías de conflictos no son necesriamente mutuamente exclusivas, y a menudo combinan violaciones tanto del embargo de armas y de las leyes internacionales humanitarias y de derechos humanos.

    El Gobierno de Sudán  sigue siendo poco transparente y continúa poco dispuesto a rendir cuentas sobre sus esfuerzos para desarmar y controlar a las diversas fuerzas auxiliares y anteriormente afiliadas, en particular los combatientes comúnmente reconocidos como miembros de las tribus árabes o janjaweed.
    Muchos individuos identificados por las personas desplazadas internas como janjaweed continúan llevando armas y se ven involucrados frecuentemente en comportamientos violentos y acoso contra las personas desplazadas internas y, de acuerdo con los hallazgos del Panel, disfrutan de impunidad por sus ofensas. Esta sigue siendo una de las principales razones identificadas por las personas desplazadas internas para describir su falta de seguridad física. El desarme de los janjaweed es una de las demandas originales realizadas a Gobierno de Sudán por parte del Consejo de Seguridad, en el párrafo 6 de la resolución 1556 (2004).
    Bajo una serie de mandatos, el Panel ha recabado información de los gobiernos de muchos Estados productores de armas y municiones que podría permitirle determinar en qué punto de la cadena de provisión, localizada y documentada en Darfur, habrían ocurrido las violaciones de las sanciones del Consejo de Seguridad. Ya que muchas de las armas y municiones documentadas en la región de Darfur han sido fabricadas en China, el Panel ha buscado con particular interés la cooperación del Gobierno de China. A mediados de agosto, el panel recibió información relevante sobre China e intentó buscar su cooperación continua.
    Tras la emisión de la orden de arresto contra el jefe de Estado sudanés por parte de la Corte Penal Internacional, el Panel ha recibido informes de severas violaciones de las leyes internacionales humanitarias y de derechos humanos, los cuales involucran el acoso, la persecución y la tortura a colaboradores e individuos opositores a las políticas de Gobierno.
    Las enérgicas medidas del aparato de seguridad del Gobierno de Sudán respecto de la filiación política, la libertad de expresión y reunión pacífica de los darfuríes y sus simpatizantes se manifiestan en sí mismos como violaciones de un catálogo de derechos humanos y libertades fundamentales.
    Estos abusos, algunos de los cuales han sido documentados por el Panel, se exacerbaron tanto después de los ataques a Omdurman como tras la emisión de la orden de arresto de la Corte Penal Internacional y han devenido en la partida de Sudán de cantidad de activistas y defensores de los derechos humanos.
    En las últimas semanas del actual mandato, al menos un darfurí que había interactuado con el Panel ha sido detenido e interrogado por el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISS) y otras agencias de seguridad de Sudán.

    La resolución que dio origen al grupo de expertos

    Extracto de la Resolución 1591 (2005) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) aprobada el 29 de marzo de 2005.

    El Consejo “decide, en vista de que ninguna de las partes en el conflicto en Darfur ha cumplido sus compromisos”, establecer un Comité del Consejo de Seguridad integrado por todos sus miembros (en lo sucesivo “el Comité”) para vigilar la aplicación de las medidas, designar a las personas sujetas a las medidas, informar, examinar las solicitudes del Gobierno del Sudán relativas al desplazamiento de equipo y suministros militares a la región de Darfur, evaluar los informes del Grupo de Expertos y alentar un diálogo entre el Comité y los Estados Miembros interesados.
    Asimismo, el Consejo pide “al Secretario General que, en consulta con el Comité, establezca un grupo de expertos integrado por cuatro miembros y con sede en Addis Abeba (Etiopía) que se desplace periódicamente a El-Fasher (Sudán) y otras localidades en el Sudán y desempeñe, bajo la dirección del Comité, y durante un período de seis meses, las funciones siguientes:
    i)Prestar asistencia al Comité en la supervisión de la aplicación de las medidas previstas en los apartados d) (que los Estados adopten medidas para impedir el ingreso en sus territorio o el tránsito por ellos de todas las personas designadas por el Comité) y e) (que todos los Estados congelen todos los fondos, activos financieros y recursos económicos que se encuentren en su territorio a la fecha de aprobación de la presente resolución o en una fecha posterior y que sean de propiedad o estén bajo el control directo o indirecto de las personas designadas por el Comité), los párrafos 7 y 8 de la resolución 1556 (2004) y el párrafo 7 de la presente resolución y formular recomendaciones acerca de medidas que podría considerar el Consejo;
    ii)Presentar un informe de mitad de mandato al Comité sobre su labor, un informe provisional al Consejo a más tardar dentro de los 90 días siguientes a la aprobación de la presente resolución y un informe definitivo al Consejo, por conducto del Comité, a más tardar con 30 días de antelación a la fecha en que termine su mandato, en que consten sus conclusiones y recomendaciones; y
    iii)Coordinar sus actividades, según proceda, con las operaciones en curso de la Misión de la Unión Africana en el Sudán.

    Reconstrucción, desarrollo y paz

    Los Derechos Humanos de los niños y las niñas

    03.02.2017

    Darfur: Unamid acoge con satisfacción la orden del JEM contra los niños y niñas soldado. La Unamid (La Operación híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas para Darfur) ha acogido con satisfacción la renovada orden de mando emitida por el Movimiento de Justicia e Igualdad (MJI, siendo sus siglas en inglés JEM) el pasado 25 de enero de 2017, que prohíbe el reclutamiento y el uso de niños y niñas en sus filas, junto con otras violaciones contra sus derechos.

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