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    TI señala a Sudán entre los más corruptos

    , / Mundial / 18.11.2009
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    El mapa de los países más y menos corruptos. Foto: Web TI.

    Según el último informe de Transparency International, Sudán está entre los peores sitios de la lista en cuanto a sus niveles de corrupción, junto con Somalia, Afganistán, Myanmar e Irak.

    Sudán se encuentra en el puesto 176 entre los 180 países cuya transparencia ha analizado Transparency International (TI). Su puntuación es de 1,5 puntos en cuanto a la percepción de la corrupción en el sector público de un país. En esta tabla, 0 indica un país que es percibido como altamente corrupto y 10 un país en el que se perciben niveles bajos de corrupción.
    El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2009 se ha establecido en base a 13 encuestas diferentes en 10 instituciones independientes. Las fuentes de información deben ser publicadas durante dos años para ser elegibles para su inclusión. Todas deben ofrecer un rango de países/territorios y medir la extensión general de la corrupción. Estas condiciones excluyen a las encuestas que mezclan la corrupción con otros temas tales como inestabilidad política, descentralización o nacionalismo. TI pone su empeño para asegurar que todas las fuentes utilizadas son de la más alta calidad y que el trabajo de encuesta se realiza con total integridad. Para calificar, la información debe estar bien documentada y debe explicarse la metodología para permitir evaluar su confiabilidad.
    Por otra parte, TI comunica que, a medida que la economía mundial comienza a mostrar los primeros signos de recuperación y algunas naciones continúan haciendo frente a una situación de conflicto e inseguridad constantes, resulta evidente que ninguna región del mundo está exenta de los peligros de la corrupción, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2009 de Transparency International, una medición de la corrupción del sector público doméstico difundida en el día de hoy.
    “En una época en la que abundan los paquetes de medidas de estímulo, desembolsos rápidos de fondos públicos y estrategias para garantizar la paz en todo el mundo, es esencial identificar el modo en que la corrupción obstaculiza las buenas prácticas de gobierno y la rendición de cuentas a fin de interrumpir este círculo vicioso”, señaló Huguette Labelle, Presidenta de Transparency International (TI).
    La gran mayoría de los 180 países incluidos en el índice 2009 tienen una puntuación inferior a 5 en una escala de 0 (percepción de alta corrupción) a 10 (percepción de bajos niveles de corrupción). El IPC mide los niveles percibidos de corrupción del sector público en un país determinado y consiste de un índice compuesto, que se basa en 13 encuestas distintas a expertos y empresas. La edición de 2009 cubre a 180 países, la misma cantidad que el IPC 2008.
    Los estados más frágiles e inestables, marcados por la guerra y el conflicto constante, se encuentran rezagados en los últimos puestos del índice. Estos son: Somalia, con una puntuación de 1,1, Afganistán con 1,3, Myanmar con 1,4 y Sudán, junto con Irak, con 1,5. Estos resultados muestran que los países que se perciben como los más corruptos son también aquellos asolados por conflictos de larga data, que han arrasado con su infraestructura de gobernabilidad.
    Cuando las instituciones básicas son débiles o inexistentes, la corrupción aumenta sin control y el saqueo de los recursos públicos potencia la inseguridad y la impunidad. La corrupción también instaura una creciente desconfianza en las mismas instituciones y los nuevos gobiernos encargados de garantizar la subsistencia y la estabilidad.
    Los países que se ubican en los últimos puestos del índice no deben ser excluidos de las iniciativas de desarrollo. Por el contrario, el índice apunta a la necesidad de fortalecer sus instituciones. Los inversionistas y los donantes deben vigilar sus operaciones y rendir cuentas por sus actos con la misma rigurosidad con que exigen transparencia y rendición de cuentas a los países beneficiarios.
    “Contener la corrupción requiere un activo control por parte del poder legislativo, un poder judicial eficiente, organismos de auditoría y lucha contra la corrupción independientes y con recursos adecuados, una aplicación enérgica de la ley, transparencia en los presupuestos públicos, los ingresos y los flujos de asistencia, así como espacio para medios de comunicación independientes y una sociedad civil dinámica”, afirmó Labelle. “La comunidad internacional debe encontrar formas eficientes de ayudar a los países devastados por la guerra a desarrollar y sostener sus propias instituciones”.
    Los países que obtuvieron las puntuaciones más altas en el IPC 2009 son Nueva Zelandia con 9,4, Dinamarca con 9,3, Singapur y Suecia, ambas con 9,2, y Suiza con 9,0. Estas puntuaciones reflejan la existencia de estabilidad política, normas sobre conflictos de intereses arraigadas e instituciones sólidas y eficientes.
    Los resultados generales del índice 2009 son sumamente preocupantes, ya que muestran que la corrupción continúa acechando en las regiones donde prevalece la falta de transparencia, las instituciones aún necesitan ser fortalecidas y los gobiernos no han implementado marcos jurídicos contra la corrupción.
    Los países industrializados tampoco deben confiarse: la oferta de sobornos y la facilitación de la corrupción a menudo involucran a empresas con sede en dichos países. Las jurisdicciones donde se resguarda el secreto financiero, en muchos casos vinculadas a países que ocupan los primeros puestos del IPC, obstaculizan gravemente las acciones tendientes a combatir la corrupción y recuperar los activos robados.
    “No debe haber refugios seguros para el dinero corrupto. Es tiempo de poner fin a las excusas”, señaló Labelle. “El trabajo de la OCDE en este ámbito es positivo, pero se requieren más tratados bilaterales sobre intercambio de información para terminar de una vez por todas con el régimen de secreto financiero. Al mismo tiempo, las compañías deben dejar de operar en centros financieros rebeldes”.
    El soborno, los carteles y otras prácticas corruptas frustran la competencia y contribuyen a la pérdida masiva de los recursos para el desarrollo en todos los países, especialmente en los más pobres. Entre 1990 y 2005, se descubrieron más de 283 carteles internacionales privados que aplicaron sobreprecios estimados de US$ 300.000 millones a los consumidores de todo el mundo, según se documentó en un informe reciente de TI.
    Cuando la gran mayoría de los países obtienen una puntuación inferior a cinco, está claro que el desafío de la corrupción es innegable. El Grupo de los 20 ha adoptado compromisos férreos tendientes a garantizar que la integridad y la transparencia constituyan los pilares de una nueva estructura regulatoria. A medida que el G20 emprende reformas económicas y del sector financiero, resulta fundamental abordar la corrupción como una amenaza significativa para un futuro económico sostenible. El G20 debe mantener su compromiso de conseguir respaldo público para reformas esenciales, contribuyendo a que instituciones como el Consejo de Estabilidad Financiera y las decisiones sobre inversiones en infraestructura sean transparentes y reciban aportes de la sociedad civil.
    Tanto a nivel mundial como nacional, las instituciones de control y la aplicación efectiva de los marcos jurídicos, acompañados por una reglamentación más inteligente y eficaz, garantizarán niveles más bajos de corrupción. Esto redundará en un más que necesario incremento de la confianza en las instituciones públicas, crecimiento económico sostenido y una asistencia para el desarrollo más efectiva. Pero, por sobre todo, permitirá mitigar la alarmante magnitud del padecimiento humano en aquellos países que tuvieron un desempeño más deficiente en el Índice de Percepción de la Corrupción.

    Reconstrucción, desarrollo y paz

    Los Derechos Humanos de los niños y las niñas

    03.02.2017

    Darfur: Unamid acoge con satisfacción la orden del JEM contra los niños y niñas soldado. La Unamid (La Operación híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas para Darfur) ha acogido con satisfacción la renovada orden de mando emitida por el Movimiento de Justicia e Igualdad (MJI, siendo sus siglas en inglés JEM) el pasado 25 de enero de 2017, que prohíbe el reclutamiento y el uso de niños y niñas en sus filas, junto con otras violaciones contra sus derechos.

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