El martes 25 de mayo, la cámara preliminar I de la Corte Penal Internacional (CPI) ordenó al registrador de la CPI que tramite la decisión de informar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) sobre la falta de cooperación por parte de la República de Sudán en el caso del fiscal contra Ahmad Muhammad Harun (Ahmad Harun) y Ali Muhammad Ali Abd-Al Rahman (Ali Kushayb), para que el Consejo de Seguridad tome cualquier acción que pueda considerar apropiada.
La cámara preliminar I aceptó la solicitud de la fiscalía del 19 de abril y concluyó que la República de Sudán no estaba cumpliendo con su obligación proveniente de la Resolución 1593 (2005) del Consejo de Seguridad en relación con el refuerzo de las órdenes de arresto emitidas por la cámara contra Ahmad Harun y Ali Kushayb.
De todos modos, la decisión no perjudica otras decisiones o acciones que la cámara pueda tomar respeto a otros casos que surjan en la situación de Darfur, Sudán.
La República de Sudán no es un Estado Miembro del Estatuto de Roma. Sin embargo, tiene la obligaci´n de “cooperar plenamente y proporcionar cualquier asistencia necesria a la Corte y al fiscal”, según el párrafo 2 de la Resolución 1593 (2005) del Consejo de Seguridad. La República de Sudán es miembro de las Naciones Unidas (ONU) desde el 12 de noviembre de 1956, y ha acordado “aceptar y realizar las decisiones del Consejo de Seguridad” de acuerdo con el artículo 25 de la Carta de las Naciones Unidas.
Información de base
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), actuando bajo el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, transfirió la situación en Darfur desde el 1º de julio de 2002 al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en la resolución 1593 del 31 de marzo de 2005. El fiscal concluyó que se satisfacían los requisitos legales para iniciar una investigación decidió abrir la investigación el 6 de junio de 2005.
El 2 de mayo de 2007, la cámara preliminar I emitió órdenes de arresto por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra contra Ahmad Harun, ex ministro estatal del Interior del Gobierno de Sudán, y Ali Kushay, un supuesto líder de la milicia janjaweed. Supuestamente se cometieron crímenes tales como asesinato de civiles, violaciones y ataques contra la dignidad personal de las mujeres y las niñas, persecución, desplazamientos forzados, prisión o privación grave de la libertad, y ataques dirigidos intencionalmente contra civiles, durante un conflicto armado que supuestamente tuvo lugar entre el Gobierno de Sudán, incluyendo combatientes de las Fuerzas Armadas del Pueblo de Sudán y las Fuerzas Populares de Defensa junto con las milicias janjaweed; contra los grupos rebeldes organizados, incluyendo el Movimiento/Ejército de Liberación de Sudán (SLM/SLA) y el Movimiento Justicia e Igualdad (JEM) en Darfur, Sudán.
El 4 de marzo de 2009 se emitió una tercera orden de arresto, contra el Presidente sudanés, Omar al-Bashir, enumerando crímenes de guerra y de lesa humanidad. En el mismo contexto de la situación en Darfur, la cámara declinó el 8 de febrero de 2010 la confirmación de cargos por crímenes de guerra contra Bahar Idriss Abu Garda, debido a falta de pruebas.
Finalmente, la cámara está examinando la solicitud del fiscal de una orden de arresto o solicitudes de comparecencia contra otros dos individuos por crímenes de guerra cometidos durante el ataque a la misión de paz de la Unión Africana (UA) en Darfur el 29 de septiembre de 2007.