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    UNAMID pide acceso a la población desplazada

    IRIN Services, IRIN / Darfur Norte / 18.02.2013

    Los enfrentamientos surgidos en enero entre dos etnias presentes en Darfur Norte provocaron graves consecuencias humanitarias. La Misión Conjunta de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Africana (UA) para Darfur exige que se facilite el acceso a la población desplazada que sobrevive en graves condiciones.

    Traducción Borja Odriozola para DV

    La Misión Conjunta de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Africana (UA) para Darfur, UNAMID, está haciendo un llamamiento para mejorar el acceso de la acción humanitaria a decenas de miles de personas desplazadas por los recientes enfrentamientos intertribales en las zonas de extracción de oro de Darfur Norte, en Sudán.
    “UNAMID exhorta a todas las partes a que le permitan cumplir con su misión en la zona, y en todas las demás áreas de Darfur, en relación con la provisión de asistencia humanitaria y el desempeño de su responsabilidad de proteger a los civiles, de acuerdo a su mandato del Consejo de Seguridad, referente a la protección de civiles y a la entrega de ayuda humanitaria”, declaró a IRIN Aicha Elbasri, portavoz de UNAMID.
    Los combates estallaron a comienzos de enero entre los Reizegat del norte y la tribu de Beni Hussein por el control de las minas de oro de la zona de Jebel Amir. De acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), al menos 100.000 personas han sido desplazadas o severamente afectadas por los enfrentamientos, que han dejado más de 100 personas muertas.
    “No está claro en esta fase cuánto tiempo va a permanecer desplazada la población de Jebel Amir. La zona continúa en una situación de inseguridad y más de 120 aldeas han sido destruidas”, según explicó al IRIN Damian Rance, oficial de Información Pública e Informes de la OCHA en Jartum.
    A pesar de que el acceso se ha visto restringido debido a la inseguridad, las agencias humanitarias han logrado trasladar 600 toneladas de comida a comunidades afectadas. Pero no han sido capaces de llevar a cabo misiones completas para medir con exactitud la magnitud de la necesidad.

    Alta tensión
    El Gobierno calcula que 65.000 personas se han visto afectadas en la localidad de el-Sireaf, en la cual se encuentra Jeber Amir. La educación se ha interrumpido ya que las personas desplazadas se han refugiado en las escuelas. Algunas de ellas vinieron a la ciudad con sus animales, y hay preocupación por la escasez de pasto y por el riesgo para la salud que plantearía la muerte de los animales.
    La Organización Internacional de Migraciones (OIM) también ha informado de que la población trabajadora migrante de la vecina Chad se vio atrapada en la lucha y fue forzada a huir de sus hogares hacia Darfur Oeste; la organización ha dado la alarma por más de 1.500 personas “migrantes desamparadas” sin refugio ni asistencia.
    Aunque el Gobierno ha podido controlar los combates en pocos días, la tensión en el área se mantiene alta e informes recientes de los medios de comunicación indican que las consecuencias de las luchas continúan; Radio Dabanga, un medio independiente promovido por una coalición de periodistas de Darfur con apoyo internacional, informó el 6 de febrero que unas 16.000 personas recientemente desplazadas habían llegado a Kabkabiya y Saraf Omra, en Darfur Norte, después de las amenazas de las milicias tribales rivales. Muchas de estas personas están viviendo en las calles sin apoyo humanitario; Radio Dabanga informó de que las autoridades en Saraf Omra habían permitido el acceso humanitario a la población desplazada, pero Kabkabiya continuó bloqueado.
    Amnistía Internacional ha instado al Gobierno sudanés a investigar las denuncias de la implicación de agentes de seguridad en los enfrentamientos.
    Su portavoz Elbasri dijo que UNAMID no había sido capaz de verificar de forma independiente la afirmación de que las fuerzas del Gobierno estuviesen implicadas en la lucha; IRIN no ha podido contactar con las autoridades sudanesas para responder a este asunto.
    El 17 de enero, las dos comunidades firmaron un acuerdo de paz con la mediación del Gobierno; y las autoridades estatales continúan mediando para lograr una solución a largo plazo para la compartición de recursos en la zona. 

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