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    ¿Una corte regional criminal africana?

    DV, Darfur Visible ACNUR Euskal Batzordea / Addis Abeba, Etiopía / 27.02.2013

    El plan de otorgar a la ya existente corte africana poderes para manejar crímenes a escala internacional está bajo escrutinio mientras sectores escépticos se preguntan si ésta podría ser independiente y sostenible.

    Traducción Borja Odriozola para DV

    Previamente a una cumbre de la Unión Africana en Addis Abeba, especialistas en temas jurídicos se reunieron para debatir la potencial expansión de la jurisdicción de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos para juzgar a personas por crímenes masivos. El mensaje de precaución fue el predominante en la reunión.
    Se esperaba que la propuesta estuviera en la agenda de la Cumbre Africana que tuvo lugar del 21 al 28 de enero en Addis Ababa. El debate sigue pendiente.
    El Institute for War and Peace Reporting (IWPR) publicó el pasado 23 de enero un informe sobre las opiniones vertidas en el encuentro.
    El grupo experto ve la idea de fortalecer la corte africana como una reacción del liderazgo político del continente contra el papel de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya. Otras opiniones, sin embargo, aseguran que cualquier plan dirigido a hacer justicia en suelo africano merece la pena.
    Bajo esta propuesta, La Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos adoptaría una legislación que le permitiría juzgar casos de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio.
    Hasta la fecha, este tipo de crímenes han sido manejados por la CPI y por dos tribunales respaldados por las Naciones Unidas, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), que opera en Tanzania; y la Corte Especial para Sierra Leona, con sede en el país.
    La CPI ha realizado investigaciones en Uganda, Kenia, Sudán, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Costa de Marfil y recientemente en Malí. El tribunal ha tratado casos relacionados con la RDC y la República Centroafricana, y cuatro keniatas serán juzgados en La Haya en abril.
    Los poderes de la Corte Africana actualmente están limitados a aplicar la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que entró en vigor en 1986. La propia corte solo ha estado operativa desde 2006.
    La propuesta de usar la corte para casos criminales fue lanzada en julio de 2012, por un equipo legislativo que incluía al ministro de justicia de Kenia Eugene Wamalwa. Se produjo poco después de que el Consejo de Ministros de la Comunidad del África Oriental adoptase una resolución pidiendo a la Corte Penal Internacional transferir los casos contra cuatro keniatas al Tribunal de Justicia de África Oriental.
    El vice primer ministro de Kenia Uhuru Kenyatta, el miembro del parlamento William Ruto, el ex jefe de los servicios públicos Francis Muthaura, y el periodista radiofónico Joshua Arap Sang se enfrentan a cargos de crímenes contra la humanidad por orquestar la violencia en la que se sumió Kenia tras las elecciones presidenciales de 2007.
    Puesto que está previsto que sus juicios tengan lugar en La Haya en abril, no es factible que estos casos sean transferidos a una corte regional.
    Como explicó Charles Kanjama, miembro del comité legislativo de la Sociedad Legal de Kenia, “una corte no actuará de forma retrospectiva para hacerse cargo de los casos del ICC sobre Kenia, dada la fase que han alcanzado estos juicios”.
    Políticas de justicia
    Las conversaciones sobre una corte regional ponen bajo el punto de mira el propio compromiso de la Unión Africana para impartir justicia. En el pasado, los hombres y mujeres líderes de África han mostrado una tendencia a protegerse mutuamente, refiere el periodista Walter Menya para el IWPR.
    En el 2009, la Unión Africana pidió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que anulase los cargos de la CPI contra el Presidente sudanés Omar al-Bashir bajo la premisa de que estaban impidiendo el proceso de paz en Darfur. La imparcialidad de la Unión Africana fue todavía más cuestionada durante los levantamientos del 2011, que derrocaron al líder libio Muammar Gadafi; el Presidente tunecino, Zine El Abidine Ben Ali, y el de Egipto, Hosni Mubarak.
    “La Unión Africana carece de un historial de eficacia para enfrentarse a malos liderazgos y a la comisión de crímenes internacionales”, declaró al IWPR Adams Oloo, del Instituto de Estudios sobre el Desarrollo de la universidad de Nairobi. “Los levantamientos en los Estados del norte de África, así como la crisis de Costa de Marfil en abril de 2011 lo han mostrado”.
    Todavía hay más asuntos prácticos que considerar, sobre todo cómo la ampliada corte africana podría hacer frente a casos criminales internacionales, teniendo en cuenta las implicaciones financieras y técnicas de hacerlo con eficacia.
    Apollo Mboya, director ejecutivo de la Sociedad Legal de Kenia, acoge la idea de expandir la corte africana, pero remarca que haría falta planificación seria para hacerla posible. Además de un financiamiento adecuado, la corte necesitaría garantías de independencia, y sus fiscales necesitarían poder entrar libremente en cualquier Estado africano para investigar violaciones de los derechos humanos.
    “En principio, no hay nada malo en expandirla. Sin embargo, los estándares para que funcione requieren muchos recursos, una carga que dudo que África esté preparada para soportar”, expresó Mboya.
    Una institución transnacional como ésta necesitaría poder investigar, además de mecanismos para proteger a sus testigos.
    “Todas estas estructuras, así como la relación que tendrá la corte con los gobiernos africanos debe ser definida con claridad. De lo contrario no iremos a ninguna parte y esto será un ejercicio de futilidad”, añadió Mboya.
    Comentaristas internacionales sobre temas de justicia han expresado su escepticismo ante la idea. Stephen Lamony, consejero en la Coalición para la Corte Penal Internacional, una organización no gubernamental que apoya el trabajo de la CPI, dice que la falta de financiación sería un gran obstáculo.
    Por ejemplo, establecer la Corte Especial de Sierra Leona en Freetown costó unos 200 millones de dólares.
    “Con el coste de un solo juicio de un crimen internacional calculado en torno a los 20 millones de dólares, -casi el doble del presupuesto aprobado en 2009 para la Comisión de la Unión Africana y la corte africana juntos- la financiación es un problema mayor”, declaró Lamony en un artículo de opinión para la web de discusiones africanas en diciembre.
    Koki Muli, profesor de derecho en la Universidad del Sur de Kenia Oriental University, quien recientemente fue designado como representante permanente del país ante la ONU, teme que los Estados africanos no tengan la capacidad de ampliar las competencias actuales de la corte.
    “Con la selección adecuada de personas y líderes, por supuesto que el mejor  enfoque se basa en estructuras y soluciones africanas a los problemas africanos, pero debemos hacerlo con las infraestructuras y la capacidad adecuada” expresó Muli.
    Otras voces, en cambio, creen que el proyecto dará beneficios a largo plazo, y que esto debería despejar las preocupaciones inmediatas sobre el coste.
    “Para mí, todo lo africano es bienvenido”, dijo Justin Muturi, presidente del Centro para la Democracia Multipartidaria en Kenia. “Si decidimos ampliar la jurisdicción de la corte, sea pues, porque ya tenemos en Arusha la infraestructura, puesto que el Tribunal Criminal para Ruanda ya está en marcha, y África ha sido durante la última década la única región en registrar un crecimiento económico ininterrumpido”.
    Gershom Otachi representó al ex comisario de policía de Kenia, Mohammed Hussein Ali, en la audiencia de confirmación de cargos de la CPI de en 2011, y ha actuado para la defensa en el tribunal de Ruanda en Arusha. Otachi está de acuerdo en que el objetivo de impartir justicia a nivel local es digno de perseguir.
    “África puede tener sus propias debilidades -sobre todo en cuanto a recursos- pero eso no debería ser la base para negar la oportunidad de juzgar crímenes internacionales de forma local”, dijo Otachi.
    Señalando el hecho de que muchos Estados africanos han hecho avances en términos de democracia y de gestión transparente, declaró que “la cuestión de la independencia [judicial] no es importante, puesto que si miras a través de África, nos estamos dirigiendo hacia unas sociedades más abiertas”.
    ¿Dos cortes en vez de una?
    Mientras que algunas personas han tomado esta propuesta de mecanismo judicial africano como una réplica a la “extranjera” IPC, otras creen que las dos cortes podrían funcionar bien juntas.
    “El conjunto de África uniéndose para establecer esta corte es… lógico”, declaró Charles Kanjama, de la Sociedad Legal de Kenia. “Si las naciones individualmente no pueden enjuiciar, entonces el siguiente paso sería a nivel continental antes de pedir ayuda a la CPI.
    Otorgar jurisdicción criminal a la corte africana estaría en sintonía con la doctrina llamada “complementariedad positiva”, fijada en el tratado fundacional de la CPI, el Estatuto de Roma. Ésta busca que se refuercen los poderes judiciales nacionales en países en los que la CPI ha abierto investigaciones, para que el Estado en cuestión acumule la experiencia y la capacidad para poder llevar a cabo juicios  en el futuro.
    La “complementariedad” en realidad se refiere a los poderes judiciales y a las leyes de Estados particulares más que a estructuras transnacionales, por lo que no está claro si la CPI podría cooperar con una corte regional.
    No obstante, hay especialistas que creen que esto se podría cambiar fácilmente.
    "La postura de que la CPI no puede cooperar con los tribunales regionales no es inamovible. El Estatuto de Roma es en sí misma una solución de compromiso entre los Estados Partes, que se pueden poner de acuerdo para modificarla ", dijo Otachi.

    Sin novedades en la cumbre

    La 20º sesión ordinaria de la cumbre de la Unión Africana, bajo el lema “Panafricanismo y renacimiento africano” culminó el 28 de enero en la sede central de la UA en Addis Abeba, Etiopía. Las mujeres y hombres representantes de los Gobiernos de los Estados de la UA se comprometieron a asegurar la implementación de las decisiones y declaraciones de la asamblea.
    Según informa la African Press Organization (APO), entre las medidas aprobadas se encuentra una que afecta a la Corte Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos. Se trata del nombramiento de Kimelabalau Aba, de Togo, como juez de la Corte por un término de un año y medio.
    A la espera de la publicación de las conclusiones oficiales, no se ha informado de la modificación de la jurisdicción de la corte africana.

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    03.02.2017

    Darfur: Unamid acoge con satisfacción la orden del JEM contra los niños y niñas soldado. La Unamid (La Operación híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas para Darfur) ha acogido con satisfacción la renovada orden de mando emitida por el Movimiento de Justicia e Igualdad (MJI, siendo sus siglas en inglés JEM) el pasado 25 de enero de 2017, que prohíbe el reclutamiento y el uso de niños y niñas en sus filas, junto con otras violaciones contra sus derechos.

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