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    Darfur trasciende las fronteras

    DV, Darfur Visible ACNUR Euskal Batzordea / Todo el mundo / 17.03.2009
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    Ilustración. Foto: lizevans

    Más allá de los intereses propios de cada gobierno y nación, los países están cada vez más involucrados dadas las circunstancias en las que se desarrolla actualmente el conflicto.

    La crisis de Darfur ha excedido definitivamente las fronteras del estado sudanés, e incluso del país. Más allá de los intereses propios de cada gobierno y nación, los países están cada vez más involucrados dadas las circunstancias en las que se desarrolla actualmente el conflicto, incluyendo la orden de arresto contra el Presidente sudanés y la expulsión de la ayuda humanitaria que pone en riesgo a 4,7 millones de personas.
    El debate sobre la soberanía nacional sigue en pie con posicionamientos de todo tipo; pero la derivación del caso a la Corte Penal Internacional (CPI) en 2005 ha obligado a  los países de todo el mundo a tomar partido a favor o en contra de la orden de arresto emitida contra el Presidente sudanés, Omar Hassan al-Bashir el pasado 4 de marzo por crímenes de guerra y lesa humanidad.
    La repercusión internacional del caso, y el debate, está potenciada además por tratarse del primer juicio contra un jefe de Estado en funciones.
    Se exige colaboración
    En la información para la prensa del 4 de marzo en la que los jueces de la Cámara 1 Preliminar de la Corte de La Haya anunciaban la decisión de emitir la orden de arresto contra Omar Hassan al-Bashir, también ordenaban que se preparasen y tramitasen en cuanto fuera posible solicitudes de colaboración para el arresto y entrega del Presidente sudanés.
    Las solicitudes debían enviarse a Sudán, a los 108 estados miembros del Estatuto de Roma que respalda la CPI y a los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) que no son parte del estatuto, así como a cualquier otro Estado que pueda ser necesario.
    Según el Estatuto de Roma, los países que no lo han confirmado no tienen obligación legal de aprehender a al-Bashir. Sin embargo, los jueces entienden que “la obligación de cooperar con la corte prevalece por sobre cualquier obligación internacional que el Gobierno de Sudán pueda haber tomado de acuerdo con cualquier otro acuerdo internacional”. Los jueces se basan en lo expuesto en la resolución 1593 de 2005 del Consejo de Seguridad de la ONU y los artículos 25 y 103 de la Carta de las Naciones Unidas. (Ver Documentos de la ONU).
    Los jueces también entienden que el Gobierno de Sudán a “rechazado sistemáticamente cooperar con la corte” desde las órdenes de arresto contra el ministro de Asuntos Humanitarios, Ahmad Harun, y el líder regional de las milicias janjaweed Ali Kushayb, emitidas el 2 de mayo de 2007.  Por lo tanto, los jueces enfatizan que si “continua incumpliendo con sus obligaciones de cooperar con la corte”, la cámara competente podría “derivar el asunto al Consejo de Seguridad”.
    En el sitio web de La Haya, se registran las solicitudes de colaboración a Sudán, a los miembros del Estatuto de Roma y al resto de los miembros del consejo, aunque en ninguna están incluida Qatar o la Liga Árabe.
    Tanto Qatar, escenario de las negociaciones de paz entre el Gobierno sudanés y parte de los movimientos rebeldes de Darfur, como la Liga Árabe se han negado a cooperar, según reportó la agencia de noticias oficial sudanesa SUNA.
    La agencia citó al Secretario General de la Liga Árabe, el general Amr Moussa, quien desde la capital siria decía que su organización, al igual que Qatar, había recibido una solicitud de colaboración, en la que supuestamente le pedían que detuviera a al-Bashir durante el encuentro árabe que se celebrará en Doha a finales de marzo; pero que la presidencia de la liga “la rechazaba totalmente”. Por su parte, el Primer Ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Hamad bin Jasim Al-Thani, argumentaba que su país sólo es la sede de la reunión y que “es un encuentro árabe, no entre Qatar y Sudán”.
    Jartum anunció que al-Bashir acudirá al encuentro a pesar de la orden y que está haciendo preparativos especiales para el viaje, que incluyen una guardia de jets de guerra para el avión presidencial.
    Por otra parte, ayer el ministerio de Asuntos Exteriores sudanés denunció las declaraciones de Francia en apoyo al secuestro del avión presidencial en caso de que participe en la reunión. El vocero del ministerio, el embajador Ali al-Sadik, afirmó en declaraciones a la prensa, recogidas por SUNA, que secuestrar aviones era un acto ilegal y un crimen, irrespetuoso cualquier sea quien lo cometa, ya se trate de la CPI o “cualquier super poder que alegue control sobre el mundo”.
    Agregó que cualquier país que comete este acto violará la ley internacional y será una amenaza que afectará negativamente las relaciones entre los países. Por último,  al-Sadik dijo que Sudan tomará seriamente estas supuestas declaraciones de Francia, tomando en cuenta que ese país “siempre ha estado en el lado hostil a su país y ha apoyado las políticas destructivas de los Estados Unidos”.
    El periódico al-Sharq al-Awsat con base en Londres publicó una supuesta cita de Eric Chevallier vocero del Ministerio de Exteriores francés, diciendo que Paris respaldaba “fuertemente” cualquier operación destinada a arrestar al Presidente sudanés. “Francia, como otros países, es miembro del Estatuto de Roma. Hay obligación clara de ejecutar la orden de arresto contra al-Bashir”, habría dicho Chevallier en la entrevista.
    Envíos de apoyo
    Asimismo, el 15 de marzo el Presidente sudanés recibió a la delegación parlamentaria de la Hermandad Musulmana egipcia de ese país, liderada por el Sheik Sayed Abdul-Magsoud. Al-Bashir expresó su agradecimiento por el apoyo del pueblo y el Gobierno egipcios a Sudán. La delegación, por su parte, expresó su apoyo al Presidente contra las alegaciones de la CPI, puntualizando que la decisión no tiene base legal y va en contra de Sudán y su pueblo, según informó SUNA. Aunque no se refirió específicamente a la posibilidad de que arresten a al-Bashir en Doha, Magsoud reafirmó su rechazo a las alegaciones de la corte, y agregó que atacar al Presidente significaba también debilitar la nación árabe islámica y detener los procesos de paz y desarrollo en Sudán.
    Por su parte, Siria se posicionó tácitamente al enviar ayer a Jartum al Primer Ministro, Mohamed Nagi Etri, para presidir junto con el vicepresidente sudanés, Ali Osman Mohamed Taha, el encuentro de expertos del High Joint Sudanese-Syrian Committee a partir de hoy.
    A su llegada, Taissir al-Zughbi, que encabezaba la delegación siria, expresó su aprecio por la cálida recepción y la hospitalidad, laureando “la sólida posición sudanesa ante la hegemonía y el neo-colonialismo”. Según SUNA, el delegado reafirmó que su país apoya a Sudan respecto a las presiones y conspiraciones que amenazan su unidad y sus recursos, indicando que la colaboración sudanesa-siria está considerada como el primer paso hacia una cooperación árabe más amplia. Al-Zughbi llamó a fortalecer el desarrollo, el comercio y las relaciones económicas.
    Al otro lado del mar
    Hasta el otro lado del océano Atlántico llegó el debate. Sudán intenta crear nuevos aliados políticos y económicos en América Latina en lo que se presenta “como una ofensiva diplomática contra las crecientes presiones de Occidente en el conflicto de Darfur”, según lo expresa el periodista Ismail Kamal Kushkush en un artículo publicado el 8 de febrero en Islam On Line (IOL).
    “Un diplomático sudanés partirá hacia Caracas pronto”, decía Omar Hamid Abdallah, director del departamento de Venezuela en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y agregaba: “En este momento, hay dos diplomáticos venezolanos en Jartum”.
    El contacto entre Jartum y Caracas se inició en el encuentro árabe-latinoamericano en Brasil en 2005 y continuó en el encuentro africano-latinoamericano de 2006 en Abuja, Nigeria.
    “Sudán respaldaba las causas de Venezuela y Venezuela respaldaba las causas de Sudán”, decía en febrero de 2009 Javier Merayo Garcés, delegado de la embajada de Venezuela en Jartum, a Islam On Line. “Venezuela siempre ha apoyado la posición de Sudán ante la CPI”. Hasta el momento, no ha habido declaraciones posteriores a la decisión de la corte.
    Aunque históricamente el vínculo entre Sudán y América Latina era mínimo, la tendencia comenzó a cambiar cuando Sudán estableció relaciones diplomáticas con Brasil en 2004, un año después del estallido de Darfur.
    El periodista de IOL refiere las declaraciones del diplomático sudanés Abdallah al respecto: “Los países latinoamericanos ahora son importantes por que tienen un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU”.
    Garcés decía en febrero que la embajada sudanesa en Caracas sería una “plataforma para enviar mensajes de Sudán a América Latina, el Caribe y América Central”. Según Kushkush, muchos expertos están de acuerdo.
    “Algunos países como Brasil, Venezuela y México están emergiendo como jugadores internacionales significativos”, afirmaba Hasan Haj Ali, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Jartum.
    Haj Ali opina que la colaboración económica entre Sudán y Venezuela, en especial en el sector petrolero, proveerá a Jartum con socios comerciales alternativos. “Sudán puede beneficiarse de la experiencia venezolana en el sector -decía-. Las relaciones sur-sur se están haciendo más importantes para Sudán y muchos líderes africanos desde que se observa que no están basadas en condiciones políticas como las del norte del globo”.
    El análisis de los motivos que conducen a cada país a posicionarse en uno u otro bando requieren un análisis más exhaustivo y profundo de la realidad actual e histórica de su relación con Sudán. Sin embargo, resulta cada vez más difícil que los Estados puedan mantener una posición de neutralidad, con sus ventajas e inconvenientes, ante los conflictos que se desarrollan en cualquier lugar del mundo.

    Fuentes:
    Sudan Tribune 17.03.2009
    Agencia de noticias oficial de Sudán - SUNA 15.03.2009 y 16.03.2009
    China Radio International - sitio web Crienglis.com 17.03.2009
    IslamOnline.net
    Corte Penal Internacional (CPI)
    Resolución 1593 (2005)
    Carta de las Naciones Unidas
    Estatuto de Roma - Ratificaciones

    Documentos de la ONU

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    Ilustración. Foto: PATOUT Estelle

    Carta de las Naciones Unidas
    Artículo 25
    Los Miembros de las Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo con esta Carta.
    Artículo 103
    En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta.

    Resolución 1593 (2005)
    Aprobada por el Consejo de Seguridad el 31 de marzo de 2005.

    “El Consejo de Seguridad,
    (…)
    1.Decide remitir la situación en Darfur desde el 1° de julio de 2002 al Fiscal de la Corte Penal Internacional;
    2.Decide que el Gobierno del Sudán y todas las demás partes en el conflicto de Darfur deben cooperar plenamente con la Corte y el Fiscal y prestarles toda la asistencia necesaria en aplicación de la presente resolución y, aunque reconoce que los Estados que no son partes en el Estatuto de Roma no tienen obligación alguna con arreglo a dicho Estatuto, exhorta a todos los Estados y organizaciones regionales y demás organizaciones internacionales competentes a que también cooperen plenamente;
    3.Invita a la Corte y a la Unión Africana a que examinen arreglos prácticos que faciliten la labor del Fiscal y de la Corte, incluida la posibilidad de llevar a cabo actuaciones en la región, lo que contribuiría a las iniciativas regionales de lucha contra la impunidad;
    4.Alienta también a la Corte a que, según corresponda y de conformidad con el Estatuto de Roma, apoye la cooperación internacional con medidas nacionales destinadas a promover el imperio de la ley, proteger los derechos humanos y combatir la impunidad en Darfur;
    5.Subraya también la necesidad de promover la recuperación y la reconciliación y alienta a este respecto la creación, con la intervención de todos los sectores de la sociedad sudanesa, de instituciones como las comisiones de verdad o de reconciliación, para complementar los procesos judiciales y fortalecer así las medidas encaminadas a restablecer una paz duradera, con el apoyo de la Unión Africana y de la comunidad internacional en caso necesario;
    6.Decide que los nacionales, los ex funcionarios o funcionarios o el personal de un Estado contribuyente que no sea el Sudán y no sea parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional se sometan a la jurisdicción exclusiva de ese Estado contribuyente respecto de todos los supuestos actos u omisiones derivados de las operaciones en el Sudán o relacionados con ellas establecidas o autorizadas por el Consejo o la Unión Africana, a menos que ese Estado contribuyente haya renunciado expresamente a dicha jurisdicción exclusiva;
    7.Reconoce que ninguno de los gastos derivados de la remisión a la Corte, incluidos los gastos relativos a las investigaciones o los enjuiciamientos relacionados con dicha remisión, deberán ser sufragados por las Naciones Unidas y que dichos gastos serán sufragados por las partes en el Estatuto de Roma y por aquellos Estados que deseen contribuir voluntariamente;
    8.Invita al Fiscal a que se dirija al Consejo para informar de las medidas adoptadas de conformidad con la presente resolución dentro de los tres meses siguientes a la fecha de aprobación de la presente resolución y posteriormente cada seis meses;
    9.Decide continuar ocupándose de esta cuestión”.

    Reconstrucción, desarrollo y paz

    Los Derechos Humanos de los niños y las niñas

    03.02.2017

    Darfur: Unamid acoge con satisfacción la orden del JEM contra los niños y niñas soldado. La Unamid (La Operación híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas para Darfur) ha acogido con satisfacción la renovada orden de mando emitida por el Movimiento de Justicia e Igualdad (MJI, siendo sus siglas en inglés JEM) el pasado 25 de enero de 2017, que prohíbe el reclutamiento y el uso de niños y niñas en sus filas, junto con otras violaciones contra sus derechos.

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