PROPUESTA. Tema: Derechos Humanos
Sudán: Poner fin a los abusos y a la represión
Human Rights Watch - HRW, Prensa Human Rights Watch - HRW / 06.10.2009
Portada del informe de HRW
El Gobierno de Sudán debe poner fin a los ataques de sus fuerzas armadas contra civiles en Darfur y realizar las reformas más importantes de los derechos humanos previstas en el Acuerdo General de Paz 2005 (AGP), Human Rights Watch dijo en un informe publicado hoy. Enviados especiales a Sudán, Gobiernos interesados, las Naciones Unidas y funcionarios de la Unión Africana que se reunirán en Moscú el día de hoy deben presionar al Gobierno de Sudán para que convierta estos cambios legales y políticos un asunto de prioridad urgente, señaló Human Rights Watch.
El informe de 25 páginas, titulado "The Way Forward: Ending Human Rights Abuses and Repression across Sudan" (El camino a seguir: Terminando con las violaciones de derechos humanos y la represión en todo Sudán) documenta las violaciones de los derechos humanos y la represión en Jartum y en los estados del norte, asi como la constante violencia en Darfur y la lucha que pone en peligro a los civiles en el sur de Sudán. Se basa en investigación de campo realizada en julio y agostoen el este de Chad y el Sudán meridional.
"Sudán está en una encrucijada", dijo Georgette Gagnon, directora de África para Human Rights Watch. "Puede hacer valer sus promesas o permitir que la situación se deteriore aún más con sus prácticas represivas".
La reunión de hoy de los Gobiernos interesados y los órganos intergubernamentales en Moscú, que incluyen a la ONU, la UA y la Liga de Estados Árabes llega en un momento crítico para Sudán. El Gobierno de Unidad Nacional (GUN) liderado por el Partido del Congreso Nacional (PCN) se enfrenta a un mosaico entrelazado de derechos humanos y desafíos políticos durante los próximos meses.
Las conversaciones para la paz de Darfur, que se han tambaleado en los últimos meses, van a reanudarse este mes en Doha. Bajo los términos de AGP 2005, las elecciones nacionales están previstas para abril de 2010 y un referéndum sobre la independencia del sur para enero de 2011. El fracaso de Sudán en cualquiera de estos procesos puede socavar su progreso en general.
"Los que se preocupan por el pueblo sudanés deben poner primero a los derechos humanos, a través de una fuerte presión, amplia y coordinada, sobre el partido gobernante para que cambie su actitud en el sur, en Darfur y en Jartum", dijo Gagnon.
El Gobierno debe cesar de inmediato los ataques contra civiles en Darfur, acusar o liberar a las personas que han sido detenidas arbitrariamente, y terminar con el hostigamiento de los activistas de la sociedad civil, dijo Human Rights Watch. Se debe dar prioridad a las disposiciones del AGP que tienen implicacines claras para los derechos humanos y la seguridad, señaló Human Rights Watch. Estas incluyen una verdadera reforma de su aparato de seguridad nacional, la demarcación de la frontera Norte-Sur, y los acuerdos de seguridad para retirar a las tropas, reducir su tamaño e integrar a las antiguas milicias .
Detenciones arbitrarias
Funcionarios sudaneses de seguridad nacional, que actuan de conformidad con los desmesurados poderes de la Ley de Fuerzas de Seguridad Nacional (LFSN), han estado arrestando y deteniendo a activistas de la sociedad civil, líderes de la oposición y presuntos rebeldes en Jartum, Port Sudan, Kassala, Darfur y otros lugares, a menudo por períodos prolongados y sin acceso a familiares o abogados, indicó la investigación de Human Rights Watch. Por ejemplo, al menos siete estudiantes de Darfur que son miembros del Frente Popular Unido (FPU) han estado detenidos desde abril de 2009. Su grupo llevó a cabo eventos en varias universidades de Sudán en apoyo a la Corte Penal Internacional (CPI), que el 4 de marzo emitió una acusación contra del presidente de Sudán, Omar al-Bashir.
El 1 de octubre, agentes de seguridad detuvieron a dos miembros más del grupo de estudiantes en el estado de Gazeera, después de un debate universitario sobre Darfur. Las fuerzas de seguridad del Gobierno también han hositgado y arrestado a activistas de Kassala en Sudán oriental y a miembros de partidos políticos de oposición en Jartum y el sur de Kordofan.
El 28 de agosto, funcionarios de seguridad detuvieron a otro activista de Darfur, Abdelmajeed Saleh Abaker Haroun, en el centro de Jartum , quien continua detenido sin cargos.
"El Gobierno sudanés debe finalizar su práctica de detenciones arbitrarias, liberar o acusar a personas que ha detenido sin fundamento jurídico, y debería reformar realmente las leyes de seguridad nacional", dijo Gagnon.
El acoso de la sociedad civil y la represión de la información
Se desconoce la extensión total de las violaciónes de derechos humanos en Darfur y en los estados del norte, debido a la censura del Gobierno sobre los medios de comunicación. El cierre de tres organizaciones de derechos humanos de Sudán a raíz de la acusación de la CPI restringió aún más el flujo de información sobre los derechos humanos en todo Sudán. Al mismo tiempo, la expulsión de 13 organizaciones internacionales humanitarias de Darfur también ha limitado el flujo de información sobre las necesidades humanitarias.
La política de la censura pre-impresión, que Human Rights Watch ha documentado, continuó con oficiales de seguridad operando bajo la Ley de las Fuerzas de Seguridad, censurando y suspendiendo periódicos y bloqueando actividades de la sociedad civil, en particular sobre las elecciones, mientras que inician los preparativos para las elecciones de abril de 2010.
Human Rights Watch ha descubierto que al menos en seis ocasiones en los últimos cuatro meses, las autoridades humanitarias y de seguridad han interrumpido o evitado que grupos de la sociedad civil y partidos políticos mantengan conversaciones sobre las elecciones en Jartum, Port Sudan, Medani y en otras partes de los estados del norte y en Darfur. En un caso, los funcionarios de seguridad detuvieron e interrogaron a los miembros del Partido Comunista por distribuir folletos en Jartum.
"Al reprimir a grupos de la sociedad civil y partidos políticos, el Gobierno sudanés está restringiendo las libertades políticas fundamentales en el momento que son más importantes", dijo Gagnon.
Entre enero y junio, los funcionarios de seguridad impidieron la publicación de periódicos por lo menos en 10 ocasiones a través de una dura censura, hostigaron o arrestaron a periodistas y al autor de un libro sobre Darfur, y cerraron una organización de formación y apoyo a periodistas. En septiembre, la censura del Gobierno provocó la suspensión de por lo menos dos periódicos importantes.
El presidente Bashir anunció el 29 de septiembre que su Gobierno abandonaría la censura pre-impresión, pero también advirtió a los periodistas que no excedan las "líneas rojas" establecidas. Queda por ver si esta declaración se traducirá en una mayor libertad de expresión en temas cruciales de interés público.
Los enfrentamientos en curso en Darfur
En Darfur, los recientes enfrentamientos en septiembre entre las Fuerzas Armadas de Sudán y rebeldes, y el uso de bombardeos indiscriminados demuestra que la guerra no ha terminado. Los ataques aereos y terrestres contra las aldeas alrededor de Korma el norte de Darfur el 17 y 18 de septiembre mataron, según informes, a 16 civiles, incluyendo a mujeres, y quemaron varias aldeas.
Testigos de la ciudad de Um Baru, al norte de Darfur, dijeron a Human Rights Watch que los bombardeos del Gobierno en mayo atacaron bombas de agua y causaron que decenas de civiles resultaron muertos y heridos .
"Estaban lanzando 12 bombas al día", dijo un testigo a Human Rights Watch. "Cayeron en todas las áreas alrededor de la ciudad."
Los enfrentamientos en febrero entre el Gobierno y los rebeldes JEM en Muhajariya, al sur de Darfur, incluyeron una intensa campaña gubernamental de bombardeos que mataron a decenas de civiles y desplazaron a 40,000. Se estima que unos 2.7 millones de personas en los campamentos de desplazados en Darfur y 200,000 en Chad no pueden regresar a sus aldeas por temor a los ataques y a la violencia, incluyendo la violencia sexual, por parte de los soldados del Gobierno y las milicias aliadas al Gobierno.
La inseguridad en el sur de Sudán
En Abyei y otros puntos de tensión a lo largo de la frontera Norte-Sur, el fracaso del GUN para aplicar las disposiciones del Acuerdo de Paz sobre demarcación de fronteras y la retirada y reducción de las tropas amenaza con exponer a los civiles a nuevos abusos y peligros. Ambos ejércitos no han logrado reducir su tamaño e integrar completamentea las antiguas milicias, como exigen los aspectos de seguridad en el acuerdo de paz.
Durante los enfrentamientos febrero en Malakal entre las fuerzas gubernamentales del norte y los soldados de la Liberación Popular de Sudán, del sur, las milicias antiguas que las fuerzas armadas no lograron integrar instigaron violencia y violaciones de los derechos humanos. La Presidencia aún no ha tomado medidas suficientes para eliminar a las antiguas milicias de la zona apoyadas por el PCN y reducir la amenaza de más violencia.
En otras partes en el sur de Sudán, una intensa lucha entre etnias mató por lo menos a 1,200 civiles en el primer semestre de 2009. El Gobierno del Sudán meridional, dirigido por el Movimiento Liberación del Pueblo Sudanés, hasta ahora ha sido incapaz de proteger a los civiles de los enfrentamientos civiles, o de un flujo constante de ataques por parte del rebelde Ejército de Resistencia del Señor que opera en Ecuatoria occidental y central desde septiembre de 2008 .
"La gente del sur de Sudán ha llevado la peor carga en la intensa lucha étnica, los ataques de los rebeldes y los enfrentamientos entre los ejércitos del norte y del sur", dijo Gagnon.
Tanto el Gobierno del sur y el Gobierno nacional tienen que hacer más para prevenir la violencia y proteger a los civiles, señaló Human Rights Watch. La misión pacificadora denominada Misión de las Naciones Unidas en Sudán también debe aumentar los esfuerzos para prevenir la violencia y proteger a los civiles, señaló Human Rights Watch.
El informe de 25 páginas, titulado "The Way Forward: Ending Human Rights Abuses and Repression across Sudan" (El camino a seguir: Terminando con las violaciones de derechos humanos y la represión en todo Sudán) documenta las violaciones de los derechos humanos y la represión en Jartum y en los estados del norte, asi como la constante violencia en Darfur y la lucha que pone en peligro a los civiles en el sur de Sudán. Se basa en investigación de campo realizada en julio y agostoen el este de Chad y el Sudán meridional.
"Sudán está en una encrucijada", dijo Georgette Gagnon, directora de África para Human Rights Watch. "Puede hacer valer sus promesas o permitir que la situación se deteriore aún más con sus prácticas represivas".
La reunión de hoy de los Gobiernos interesados y los órganos intergubernamentales en Moscú, que incluyen a la ONU, la UA y la Liga de Estados Árabes llega en un momento crítico para Sudán. El Gobierno de Unidad Nacional (GUN) liderado por el Partido del Congreso Nacional (PCN) se enfrenta a un mosaico entrelazado de derechos humanos y desafíos políticos durante los próximos meses.
Las conversaciones para la paz de Darfur, que se han tambaleado en los últimos meses, van a reanudarse este mes en Doha. Bajo los términos de AGP 2005, las elecciones nacionales están previstas para abril de 2010 y un referéndum sobre la independencia del sur para enero de 2011. El fracaso de Sudán en cualquiera de estos procesos puede socavar su progreso en general.
"Los que se preocupan por el pueblo sudanés deben poner primero a los derechos humanos, a través de una fuerte presión, amplia y coordinada, sobre el partido gobernante para que cambie su actitud en el sur, en Darfur y en Jartum", dijo Gagnon.
El Gobierno debe cesar de inmediato los ataques contra civiles en Darfur, acusar o liberar a las personas que han sido detenidas arbitrariamente, y terminar con el hostigamiento de los activistas de la sociedad civil, dijo Human Rights Watch. Se debe dar prioridad a las disposiciones del AGP que tienen implicacines claras para los derechos humanos y la seguridad, señaló Human Rights Watch. Estas incluyen una verdadera reforma de su aparato de seguridad nacional, la demarcación de la frontera Norte-Sur, y los acuerdos de seguridad para retirar a las tropas, reducir su tamaño e integrar a las antiguas milicias .
Detenciones arbitrarias
Funcionarios sudaneses de seguridad nacional, que actuan de conformidad con los desmesurados poderes de la Ley de Fuerzas de Seguridad Nacional (LFSN), han estado arrestando y deteniendo a activistas de la sociedad civil, líderes de la oposición y presuntos rebeldes en Jartum, Port Sudan, Kassala, Darfur y otros lugares, a menudo por períodos prolongados y sin acceso a familiares o abogados, indicó la investigación de Human Rights Watch. Por ejemplo, al menos siete estudiantes de Darfur que son miembros del Frente Popular Unido (FPU) han estado detenidos desde abril de 2009. Su grupo llevó a cabo eventos en varias universidades de Sudán en apoyo a la Corte Penal Internacional (CPI), que el 4 de marzo emitió una acusación contra del presidente de Sudán, Omar al-Bashir.
El 1 de octubre, agentes de seguridad detuvieron a dos miembros más del grupo de estudiantes en el estado de Gazeera, después de un debate universitario sobre Darfur. Las fuerzas de seguridad del Gobierno también han hositgado y arrestado a activistas de Kassala en Sudán oriental y a miembros de partidos políticos de oposición en Jartum y el sur de Kordofan.
El 28 de agosto, funcionarios de seguridad detuvieron a otro activista de Darfur, Abdelmajeed Saleh Abaker Haroun, en el centro de Jartum , quien continua detenido sin cargos.
"El Gobierno sudanés debe finalizar su práctica de detenciones arbitrarias, liberar o acusar a personas que ha detenido sin fundamento jurídico, y debería reformar realmente las leyes de seguridad nacional", dijo Gagnon.
El acoso de la sociedad civil y la represión de la información
Se desconoce la extensión total de las violaciónes de derechos humanos en Darfur y en los estados del norte, debido a la censura del Gobierno sobre los medios de comunicación. El cierre de tres organizaciones de derechos humanos de Sudán a raíz de la acusación de la CPI restringió aún más el flujo de información sobre los derechos humanos en todo Sudán. Al mismo tiempo, la expulsión de 13 organizaciones internacionales humanitarias de Darfur también ha limitado el flujo de información sobre las necesidades humanitarias.
La política de la censura pre-impresión, que Human Rights Watch ha documentado, continuó con oficiales de seguridad operando bajo la Ley de las Fuerzas de Seguridad, censurando y suspendiendo periódicos y bloqueando actividades de la sociedad civil, en particular sobre las elecciones, mientras que inician los preparativos para las elecciones de abril de 2010.
Human Rights Watch ha descubierto que al menos en seis ocasiones en los últimos cuatro meses, las autoridades humanitarias y de seguridad han interrumpido o evitado que grupos de la sociedad civil y partidos políticos mantengan conversaciones sobre las elecciones en Jartum, Port Sudan, Medani y en otras partes de los estados del norte y en Darfur. En un caso, los funcionarios de seguridad detuvieron e interrogaron a los miembros del Partido Comunista por distribuir folletos en Jartum.
"Al reprimir a grupos de la sociedad civil y partidos políticos, el Gobierno sudanés está restringiendo las libertades políticas fundamentales en el momento que son más importantes", dijo Gagnon.
Entre enero y junio, los funcionarios de seguridad impidieron la publicación de periódicos por lo menos en 10 ocasiones a través de una dura censura, hostigaron o arrestaron a periodistas y al autor de un libro sobre Darfur, y cerraron una organización de formación y apoyo a periodistas. En septiembre, la censura del Gobierno provocó la suspensión de por lo menos dos periódicos importantes.
El presidente Bashir anunció el 29 de septiembre que su Gobierno abandonaría la censura pre-impresión, pero también advirtió a los periodistas que no excedan las "líneas rojas" establecidas. Queda por ver si esta declaración se traducirá en una mayor libertad de expresión en temas cruciales de interés público.
Los enfrentamientos en curso en Darfur
En Darfur, los recientes enfrentamientos en septiembre entre las Fuerzas Armadas de Sudán y rebeldes, y el uso de bombardeos indiscriminados demuestra que la guerra no ha terminado. Los ataques aereos y terrestres contra las aldeas alrededor de Korma el norte de Darfur el 17 y 18 de septiembre mataron, según informes, a 16 civiles, incluyendo a mujeres, y quemaron varias aldeas.
Testigos de la ciudad de Um Baru, al norte de Darfur, dijeron a Human Rights Watch que los bombardeos del Gobierno en mayo atacaron bombas de agua y causaron que decenas de civiles resultaron muertos y heridos .
"Estaban lanzando 12 bombas al día", dijo un testigo a Human Rights Watch. "Cayeron en todas las áreas alrededor de la ciudad."
Los enfrentamientos en febrero entre el Gobierno y los rebeldes JEM en Muhajariya, al sur de Darfur, incluyeron una intensa campaña gubernamental de bombardeos que mataron a decenas de civiles y desplazaron a 40,000. Se estima que unos 2.7 millones de personas en los campamentos de desplazados en Darfur y 200,000 en Chad no pueden regresar a sus aldeas por temor a los ataques y a la violencia, incluyendo la violencia sexual, por parte de los soldados del Gobierno y las milicias aliadas al Gobierno.
La inseguridad en el sur de Sudán
En Abyei y otros puntos de tensión a lo largo de la frontera Norte-Sur, el fracaso del GUN para aplicar las disposiciones del Acuerdo de Paz sobre demarcación de fronteras y la retirada y reducción de las tropas amenaza con exponer a los civiles a nuevos abusos y peligros. Ambos ejércitos no han logrado reducir su tamaño e integrar completamentea las antiguas milicias, como exigen los aspectos de seguridad en el acuerdo de paz.
Durante los enfrentamientos febrero en Malakal entre las fuerzas gubernamentales del norte y los soldados de la Liberación Popular de Sudán, del sur, las milicias antiguas que las fuerzas armadas no lograron integrar instigaron violencia y violaciones de los derechos humanos. La Presidencia aún no ha tomado medidas suficientes para eliminar a las antiguas milicias de la zona apoyadas por el PCN y reducir la amenaza de más violencia.
En otras partes en el sur de Sudán, una intensa lucha entre etnias mató por lo menos a 1,200 civiles en el primer semestre de 2009. El Gobierno del Sudán meridional, dirigido por el Movimiento Liberación del Pueblo Sudanés, hasta ahora ha sido incapaz de proteger a los civiles de los enfrentamientos civiles, o de un flujo constante de ataques por parte del rebelde Ejército de Resistencia del Señor que opera en Ecuatoria occidental y central desde septiembre de 2008 .
"La gente del sur de Sudán ha llevado la peor carga en la intensa lucha étnica, los ataques de los rebeldes y los enfrentamientos entre los ejércitos del norte y del sur", dijo Gagnon.
Tanto el Gobierno del sur y el Gobierno nacional tienen que hacer más para prevenir la violencia y proteger a los civiles, señaló Human Rights Watch. La misión pacificadora denominada Misión de las Naciones Unidas en Sudán también debe aumentar los esfuerzos para prevenir la violencia y proteger a los civiles, señaló Human Rights Watch.
