Teniendo en cuenta el secretismo que envuelve este tema, es prácticamente imposible cuantificar la prevalencia de la violencia sexual en Darfur. En un informe de 2005 de la organización humanitaria Médicos sin Fronteras, se relata que desde 2003, MSF suministró atención médica a más de 1.250.000 personas en 25 puntos de la región. Todas las víctimas recibidas por MSF en clínicas y hospitales hablaban del mismo mecanismo de violencia y persecución en el momento del ataque. Solamente en Darfur Oeste, entre octubre de 2004 y febrero de 2005, MSF trató a 297 víctimas de violaciones. El 99% de las víctimas eran mujeres. Las edades de las personas atacadas variaban entre 12 y 45 años y tenían una media de edad de 27 años. El 22% de las víctimas llegaron a los centros de salud tres días después de la violación, aunque más de la mitad de las violaciones fueron registradas en períodos más largos, incluso treinta días después del ataque. Al menos el 90% dijeron que la violación había ocurrido a las afueras de una ciudad. El 82% fueron violadas mientras llevaban a cabo actividades cotidianas. Solamente el 4% de las mujeres informaron de que la violación había ocurrido durante el conflicto, mientras huían de su casa. El 28% de las víctimas informaron de que habían sido violadas más de una vez, ya fuera por uno o por varios asaltantes. En la mayoría de los casos las mujeres eran además víctimas de golpes con palos y otras agresiones físicas. En algunos casos las mujeres quedaron embarazadas y en ocasiones sufrieron abortos.
En 2007, un equipo de observación de los derechos humanos de Naciones Unidas documentó, aproximadamente, 10 casos al mes en los lugares visitados. El personal de Naciones Unidas también observó que las violaciones y otras formas de violencia sexual eran perpetradas contra personas cada vez más jóvenes.
Human Rights Watch publicó en 2008, que la violación y otras formas de violencia sexual se habían perpetrado de manera sistémica durante todo el conflicto de Darfur.


La violencia no ha acabado para las mujeres
Hasta la fecha, la violencia sexual continúa amenazando la seguridad, principalmente de mujeres y niñas, en todo el territorio de Darfur. Esta violencia sigue unos patrones que reflejan la dinámica actual del conflicto y la inestabilidad de la ley y de la situación previa de falta de derechos y marginación de las mujeres dentro de la sociedad.
En la mayoría de las provincias de Darfur, la violencia sexual es un tema extremadamente delicado. Las que denuncian se enfrentan a la estigmatización y la marginación.
Según los ideales culturales, las violaciones perjudican a las mujeres y sus comunidades ya que destruyen el honor de las mujeres atacadas y las convierten en personas no adecuadas para presentes o futuros matrimonios o relaciones sentimentales. Estas mujeres pueden incluso ser repudiadas por sus maridos o familias. Las mujeres no suelen contar con los recursos suficientes para perseguir a sus atacantes.
Según el artículo de Amnistía Internacional “No place for us here” publicado en 2009, también el uso de métodos de resolución de conflictos tradicionales para encontrar soluciones “negociadas” en los casos de violación y otras formas de violencia contra las mujeres sirve para perpetuar la impunidad y que la violencia continúe. Por eso, muchas mujeres y niñas no admiten haber sufrido abusos sexuales, porque no confían en que las autoridades vayan a ayudarles en algo.
Por su parte, las autoridades suelen negar el problema y acusan a las víctimas de mentir al personal humanitario internacional con fines políticos, como indica el informe de HRW.
Human Rights Watch denuncia que algunas autoridades sudanesas locales han intentando detener a las agencias humanitarias que trabajaban este tema. Ciertas entidades que gestionan clínicas para la salud de las mujeres en los campamentos más grandes de Darfur han sufrido acoso y obstrucción por parte de oficiales del gobierno y normalmente no difunden su trabajo, asegura HRW.
Por otra parte, según la ONG, la policía está únicamente presente en las ciudades principales y en los puestos fronterizos del Gobierno y carece de las herramientas básicas y de voluntad política, debido a la impasividad de las autoridades para responder a los crímenes de violencia sexual y llevar a cabo investigaciones. Mientras que algunos y algunas policías parecen realmente comprometidos con el servicio, otros muchos agentes muestran una actitud antagónica y de desprecio hacia las mujeres y niñas. Además, estas dificultades se ven agravadas porque la policía no puede investigar crímenes cometidos por militares o la milicia, que normalmente gozan de impunidad ante las leyes y de protección ante las acusaciones realizadas por parte de civiles.

El exilio tampoco es la solución
Según Tawanda Hondora, director adjunto del Programa Regional para África de Amnistía Internacional, “el miedo a ser violadas, que fue una realidad en muchos casos de niñas y mujeres de Darfur, sigue acechándolas en el este de Chad”, a donde se trasladan en busca de refugio. Además añade, “estas mujeres escaparon de Darfur con la esperanza de que las autoridades internacionales y chadianas les dieran cierta seguridad y protección. Sin embargo, esta protección ha sido difícil de conseguir y siguen estando expuestas a agresiones”.
Amnistía Internacional recoge en su informe que la niñas refugiadas sufren acoso sexual por parte de sus profesores dentro de las escuelas de los campos. Existen informes de niñas que son amenazas por sus profesores con recibir malas calificaciones si no acceden a mantener relaciones sexuales con ellos. Esta situación ha provocado que muchas de estas niñas dejen de asistir a clase.
Tawanda Hondora dijo que las mujeres están en peligro al salir fuera de los campos de personas refugiadas para recoger leña y agua y corren el riesgo de ser acosadas o violadas. Es quizá menos sabido que los campos de personas refugiadas no constituyen un lugar completamente seguro para estas mismas mujeres. En ocasiones han sufrido abusos por parte de sus propios familiares, otros refugiados y por parte del personal de organizaciones humanitarias cuya labor es ofrecerles ayuda y apoyo.
Estos hechos reafirman la idea de que las violaciones no son solamente empleadas como arma de guerra sino que demuestran una diferencia de poder en las relaciones de género de las sociedades en cuestión.

El panorama visible
Los informes que habitualmente se hacen sobre la violencia sexual en períodos de conflicto armado no suelen tener en cuenta la estructuración que tenía esa sociedad antes de que surgiera el conflicto como causa de las agresiones basadas en el género. Las relaciones de poder entre hombres y mujeres en el período previo son un factor determinante para que surja o se expanda la violencia sexual durante el conflicto.
En el informe “The complexity of violence: a critical analisis of sexual violence in the Democratic Republic of Congo (DRC)” realizado por Maria Eriksson y Maria Stern en 2010, se relata cómo la violación en contextos de conflicto es una herramienta muy efectiva de humillación y de intimidación ya sea utilizada con objetivos militares, políticos o personales.
El poder de la violación depende, en parte, de cómo funcionan las ideologías de género, por ejemplo, algunos estereotipos respaldan estas agresiones. La “feminidad” está asociada con la necesidad de protección y paz; en contraposición a la supuesta “masculinidad” relacionada con la protección, la guerra y la matanza. Estas asociaciones hacen que las mujeres y las niñas sean especialmente vulnerables a la lógica de las violaciones en situaciones de conflicto y post conflicto. La violación humilla (feminiza) al enemigo o a otros hombres cuando se abusa de “sus” mujeres “probando” que son malos protectores. Además, la conceptualización de la feminidad ideal, que enlaza feminidad con castidad y virginidad (en contraposición a la masculinidad conectada a la sexualidad) juega un papel importante.
La inequidad en las relaciones de poder está incrustada en la producción y reproducción de normas de género, que regulan el comportamiento y carácter de “las buenas mujeres y los buenos hombres”. Estas normas se producen y reproducen en diferentes niveles de la sociedad: tanto en la vida diaria (hogares, cultura popular…), como a través de las instituciones gubernamentales y de las intervenciones internacionales. La impunidad ante la violencia sexual afianza la idea de que las mujeres no tienen derechos sobre su cuerpo y reproduce la idea de que las mujeres no son aptas para la política.
Sin embargo, se debe reconocer que hay muchos otros factores que juegan un papel muy importante en contextos de conflicto y post conflicto que se suman a la inequidad preexistente.
Por ejemplo, un grave problema es que tras el estallido de un conflicto, ciertos sistemas legales locales pierden su poder, si es que lo tenían, se desintegran y son reemplazados por la impunidad total en todos los niveles, lo que contribuye a la normalización de la violencia sexual en las comunidades y que cada vez sea perpetrada por más civiles.
En conclusión, las violaciones sexuales en épocas de conflictos armados no son sólo un arma de guerra sino que se extienden también indiscriminadamente contra las mujeres entre la población civil. Y son consecuencia, entre otros factores, de la impunidad sistemática con la que eran tratadas las inequidades de género antes del conflicto en la sociedad afectada.