Actualizado 21.10.2011

Sudán está presidido por el general Omar al-Bashir y su partido, el Partido del Congreso Nacional (NCP) al frente del Gobierno de Unidad Nacional establecido por el acuerdo de paz de 2005. De este modo, el NCP gobierna actualmente en coalición con el representante de Sudán Sur, Salva Kiir Mayardit, en el cargo de Primer Vicepresidente de Sudán, Presidente del Gobierno del Sur de Sudán y comandante en Jefe del Ejército de Liberación de los Pueblos de Sudán (SPLA).
El Acuerdo de Paz Global (CPA) firmado en 2005 entre el Gobierno y el grupo rebelde del sur de Sudán Movimiento de Liberación de los Pueblos de Sudán (SPLM/SPLA), establece que ambas partes respetarán un sistema de gobierno descentralizado, con niveles de gobierno Nacional, del Sur de Sudán, estatales y locales. La ley máxima de Sudán es la Constitución Nacional Interina.
El acuerdo también establece los Poderes Legislativos (La Asamblea Nacional y el Consejo de Estados -integrados por miembros de las partes representadas en el acuerdo y otras fuerzas del norte y el sur, para promover la inclusión y la estabilidad), el Ejecutivo, el Judicial y otras instituciones y comisiones especificadas en el acuerdo y la Constitución. Los poderes serán renovados en las elecciones previstas, de momento, para abril de 2010. Al-Bashir vuelve a presentarse como candidato a la Presidencia por el NCP.

Configuración del poder actual
En junio de 1989, el grupo político -en aquel momento bajo el nombre del Frente Islámico Nacional  (NIF)- accedió al poder con un golpe  militar contra al-Sadiq al-Mahdi.
Al-Bashir inició entonces un gobierno en alianza con Hassan al-Turabi, líder del Partido de la Hermandad Musulmana. En 1996 se ratificó en el poder como Presidente con unas elecciones nacionales a las que sólo se presentaba su partido. Al-Bashir fue electo Presidente y al-Turabi pasó a ser vocero de la asamblea.
Habiéndose reconciliado con al-Sadiq al-Mahdi, el 12 de diciembre de 1999 al-Bashir declaró el estado de emergencia, disolvió el Parlamento, y denunció a Hassan al-Turabi por intento de golpe de estado.
Desde entonces, continuó su Gobierno en solitario hasta enero de 2005, cuando el Gobierno firmó el CPA para poner fin a veinte años de enfrentamientos en el sur del país con el movimiento rebelde SPLM/SPLA. El acuerdo fijaba que el grupo rebelde accediera al poder, como parte del Gobierno de Unidad Nacional. También incluía las elecciones generales que en un principio se programaron para 2009 pero luego se pospusieron a 2010, y en este momento vuelven a estar en stand by tras el acuerdo marco firmado el 23 de febrero entre Jartum y el rebelde Movimiento de Justicia e Igualdad (JEM). Asimismo, el CPA establecía un referéndum en 2011 en el que se votó la independencia de Sudán Sur, concretada el 9 de julio de 2011.
Por último, el CPA también compromete a todos los niveles de gobierno a respetar los tratados internacionales de derechos humanos de los que forma parte o vaya a formar parte.

Estrategias represivas
Al-Bashir ha desarrollado una estrategia calificada por diversas fuentes (ver Voces en contra de la política de al-Bashir) como “paliativa” o incluso como “criminal”, que se basa en sus fuerzas armadas y la limitación de los derechos civiles de la población. Los analistas afirman que el Presidente aplica esta estrategia tanto para reducir los enfrentamientos tribales por los recursos naturales que se producen en la región de Darfur desde 1997, como ante el surgimiento de la guerrilla rebelde en contra de su Gobierno.
Por el contrario, hay quien rechaza estas acusaciones (ver El apoyo al Gobierno de Sudán) y defiende la acción del Gobierno como medidas justas y acordes a las necesidades de la situación.

Omar al-Bashir
Al asumir el poder en 1989, Al-Bashir prohibió todos los partidos políticos, censuró a la prensa, disolvió el Parlamento e implementó la Sharia. Tomó el control como líder del Consejo del Comando Revolucionario para la Salvación Nacional, un cuerpo con poderes legislativos y ejecutivos establecido para dirigir el país.
En noviembre de 2008 fue acusado por el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, por su actuación en la crisis de Darfur por medio de las fuerzas armadas y las milicias árabes janjaweed contra la población civil, en particular los grupos de personas de etnia fur, massalit y zaghawa. En 2010, agregó el cargo de genocidio acusándolo de tratar de destruir a esos tres grupos étnicos.
En marzo de 2009  la CPI ordenó su procesamiento y emitió una orden de arresto en su contra que hasta el momento no se ha ejecutado pero obliga a los países firmantes del Estatuto de Roma a detenerle en cuanto pise su territorio.
Desde entonces, al-Bashir ha trabajado para forjarse el apoyo de la Unión Africana (UA) y la Liga Árabe (LA) con el objetivo de anular o al menos posponer la actuación de la CPI argumentando que al no haber firmado el Estatuto de Roma, ésta no tiene jurisdicción en su país.